Frente Sucrense en Defensa de la Constitución

Documento Fundacional

La Constitución es el conjunto de normas fundamentales que acuerda un pueblo como base para la convivencia social. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), fundamentada en los principios, morales y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, dispone que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad. Que es un Estado Federal Descentralizado y que el Gobierno será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Para nadie es un secreto que el régimen actual se ha alejado, desde hace mucho tiempo, de estos principios fundamentales y constantemente pregona y trata de imponer, por todos los medios un modelo de sociedad que contradice el texto de nuestra Carta Magna, razón por la cual, como ciudadanos venezolanos y por mandato constitucional, debemos luchar por el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, es decir, que estamos obligados a protegerla y defenderla (Art. 333 de la CRBV).

Hoy, cuando en el nuevo orden mundial se reclama mayor democracia, descentralización, modernización institucional y desarrollo económico sustentable, el régimen venezolano quiere imponer a los ciudadanos un sistema de supresión de las libertades civiles y públicas, aprovechando el control de los poderes públicos, haciendo caso omiso de los resultados de la Reforma Constitucional que fue rechazada categóricamente por los ciudadanos en el 2 de diciembre del 2007 y del último evento electoral del 26 de septiembre de 2010.

Este gobierno que se inició en 1999, tiene las siguientes características:

a) Desconocimiento absoluto del principio de separación de los Poderes Públicos, garantes del control y equilibrio que debe existir en una sociedad democrática (Art. 136 CRBV).

b) Implantación de un Estado, en el que el Presidente es Autoridad Única de la República, lo cual está en completa contradicción con los principios fundamentales de la Constitución (Art. 2,3 y 4 CRBV).

c) Excesivo centralismo, contrario a la descentralización político-administrativa contemplada en el artículo 16 de la CRBV.
d) Tutelaje de la participación ciudadana desde el propio poder central que asfixia el espíritu innovador y creativo de los actores políticos y movimientos sociales y atenta contra el espíritu y propósito de los artículos 62,67 y 70 de la CRBV.

e) Existencia de un Poder ciudadano, ejercido por el Consejo Moral Republicano, la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía General y la Contraloría General de la Republica, que atenta contra la ética pública y la moral administrativa por permitir la intromisión en sus funciones del Poder Ejecutivo, menoscabando el ejercicio de sus atribuciones como lo establece el artículo 274 de la CRBV.

f) Un Poder Judicial sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo que cercena a los Magistrados y Jueces de la República su carácter de imparcialidad e independencia (Art. 254 y 256 de la CRBV).

g) Hegemonía comunicacional oficial y una legislación que vulnera la libertad de expresión y de prensa consagrada en la Artículos. 57 y 59 de la CRBV.

h) Intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Electoral lo que facilita abiertamente el ventajismo oficial sobre el resto de las fuerzas políticas, lo cual es violatorio de los artículos 293 y 294 de la CRBV.

i) Deterioro progresivo de la Fuerza Armada Nacional mediante la politización de la misma y la instauración de una élite militar alejada de la institucionalidad democrática, prevista en el artículo 328 de la CRBV.

j) Indiscriminada ola de confiscaciones que atenta contra el derecho a la propiedad privada y la iniciativa individual, lo cual atenta contra el espíritu y propósito de los artículos 112 y 115 de la CRBV.

k) Alarmante inseguridad, de la integridad física y de los bienes de las personas, producto de la falta de políticas públicaspara detener este flagelo social, la cual es violatorio del artículo 55 de la CRBV.

l) Vinculación con centros foráneos, afines a gobiernos autoritarios, dictatoriales y/o terroristas, lo cual constituye una violación flagrante al Preámbulo y artículo 1 de la CRBV.

m) La designación de funcionarios de los poderes públicos sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en la Carta Magna.

Ante esta situación planteada, las fuerzas representativas de nuestra entidad federal hemos decidido presentar públicamente el FRENTE SUCRENSE POR LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, con la finalidad de aglutinar a todos los ciudadanos para cumplir con el deber de proteger y defender el Estado Social de Derecho y de Justicia, contemplado en nuestro texto constitucional.

Nos hemos planteado, además, encarar el presente con la visión y la perspectiva de un futuro promisorio en el que reine la paz, la concordia y la reconciliación entre sus moradores, en el marco de un clima de respeto, justicia, libertad y convivencia democrática, que haga posible el bienestar, el progreso y la prosperidad de todos los conciudadanos.

En tal sentido, nuestros esfuerzos están orientados a contribuir en la construcción de:

1) Un país de libertad y democracia, cuyo gobierno sea efectivamente democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, con un profundo respeto por el derecho de las minorías y de la libertad de expresión.

2) Una sociedad con igualdad de oportunidades y acceso equitativo a los servicios sociales necesarios para progresar y tener una vida digna.

3) Un sistema de protección integral óptimo que garantice la salud, vivienda, educación, acceso al empleo y pensiones que proporcione una existencia digna y decorosa que garantice la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

4) Un Estado eficiente creado y sustentado por la sociedad que fortalezca la democracia de partidos y la división e independencia de los poderes públicos.

5) Una administración pública organizada con base en el principio de descentralización para situar cada gestión en la instancia más cercana a los ciudadanos

6) Un poder legislativo que sancione instrumentos justos y en consonancia con las necesidades de los ciudadanos y ejerza su potestad contralora sobre las demás instancias del Estado.

7) Un sistema de justicia independiente que garantice la equidad en la aplicación de las leyes y genere la justicia necesaria para la seguridad de bienes y personas.

8) Un aparato productivo adaptado a los tiempos de la globalización que sea capaz de generar los bienes y servicios que demanda la población, y que garantice empleo estable para la población trabajadora.

9) Un sistema de educación integral de calidad. Garantías para acceder y permanecer en él, para así alcanzar las metas de desarrollo humano y superar la pobreza.

10) Una política justa y activa de gasto social que mejore la eficiencia del accionar público mediante transferencias sociales que eleven y sustenten el alcance y penetración de los programas públicos y privados de apoyo social para la prosperidad y la inclusión.

11) Una Fuerza Armada Nacional institucional orientada a la integridad, la independencia, la soberanía y el desarrollo de la Nación.

En Cumaná a los 15 días del mes de Enero del año 2011.